Frente al cambio en la interpretación del plazo de entrada en vigencia de la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos, la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras -AGIP- gremio que preside Vasco Costa Ramírez, declara: El Decreto del Ministerio de Salud, que modificó el Reglamento Sanitario de Alimentos dispuso que éste entraría en vigencia después de 12 meses de su publicación, esto es el 26 de junio de 2016, lo que implicaba que desde esa fecha en adelante todos los productos elaborados debían ajustarse a esa nueva normativa.
Pero, intempestivamente, el Ministerio de Salud a través del Ord. N°4014 de diciembre de 2015 cambió su criterio histórico e interpretó sin sustento alguno, que la entrada en vigencia del 26 de junio de 2016 implicaba que en esa fecha todos los productos alimenticios que se encuentran a disposición del público en cualquiera de los miles de puntos de venta del país deberían estar etiquetados conforme a la nueva normativa.
Esta interpretación impone que el nuevo rotulado debe estar presente en productos que ya estaban en el mercado, que habían sido adquiridos previamente por miles de pequeños comerciantes y diferentes canales de distribución, y que habían sido elaborados y etiquetados bajo la normativa actualmente vigente. En los hechos, implica la aplicación retroactiva de la norma, vulnerando así principios básicos del derecho.
Además esta interpretación obliga a las empresas a rotular los productos antes de los plazos legales establecidos para rotular, lo que es inconstitucional.
Por las razones expuestas, AGIP presentó ante la Contraloría General de la Republica una solicitud rectificación y aclaración de la interpretación expresada por las autoridades de salud en relación a los plazos legales establecidos. De prosperar esta errónea interpretación del Decreto en cuestión, producirá un daño sin precedentes en Chile en dilapidación de recursos, ya que implicaría que todos los productos ya en el mercado y los más de 100 millones de productos que diariamente se envasan deberán volver a rotularse, lo que es físicamente imposible.
El gigantesco costo financiero que esto implica para el país (por sobre los US$ 200 millones) no se condice con el llamado a la austeridad que ha hecho el Ministerio de Hacienda, razón por la cual es urgente rectificar la interpretación expresada por el Ministerio de Salud.
AGIP también solicita a las principales cadenas de Supermercados dejar sin efecto la exigencia realizada a los proveedores para cumplir con la nueva normativa antes del plazo estipulado, atendiendo a todas las razones señaladas.
Finalmente, la industria reitera su total compromiso en la correcta aplicación de esta normativa, y expresa que no solamente la implementará conforme a lo que le exige la ley, sino que hará todos sus esfuerzos para que esta tenga efectividad. Pero lo anterior implica que todos los actores involucrados no perdamos de vista la racionalidad, ni la cordura en la forma en que esta normativa debe implementarse.-
