En medio de la ofensiva legislativa para eliminar los impuestos saludables en Colombia, voces del sector académico y de salud pública salieron a desmontar uno de los argumentos más repetidos por sus críticos: que alimentarse de forma saludable resulta, por definición, más costoso para los hogares.
Especialistas consultados sostienen que esa premisa simplifica un debate mucho más complejo, en el que la evidencia internacional respalda el uso de instrumentos fiscales para modificar patrones de consumo nocivos sin necesariamente encarecer una dieta equilibrada.
El proyecto de ley impulsado por los representantes Daniel Briceño y Carol Borda busca derogar el esquema tributario creado en 2022, compuesto en realidad por dos gravámenes distintos. El impuesto a las bebidas azucaradas se calcula según el contenido de azúcar por cada 100 mililitros, independientemente del precio del producto, mientras que el impuesto a los alimentos ultraprocesados aplica un porcentaje fijo sobre el precio de venta, que escaló de forma gradual desde 10% en 2023 hasta el 20% vigente desde 2025. Los promotores del proyecto argumentan que la medida encareció cientos de productos de consumo diario y golpeó particularmente a tenderos y panaderos.
Lo que dice la evidencia técnica
La evidencia disponible matiza ese diagnóstico. La economista Martha Yaneth Sandoval, integrante de la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación, señala que en más de 70 países donde se aplican gravámenes similares, la medida ha demostrado ser costo-efectiva para la salud pública. Según su análisis, el impacto de corto plazo, entendido como el desistimiento de compra de productos ultraprocesados, suele observarse dentro del primer año de implementación, mientras que la reducción efectiva de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas requiere ventanas de observación más largas: el Reino Unido, que implementó su propio impuesto en 2018, solo pudo documentar impactos medibles en la reducción de estas enfermedades a partir de 2023, es decir, luego de cinco años de seguimiento poblacional.
El referente chileno
El caso regional más citado en esta discusión es Chile, pionero en etiquetado frontal de advertencia con su Ley 20.606, vigente desde hace una década. Un estudio reciente publicado en la revista científica The Lancet documentó que la normativa redujo el exceso de peso infantil entre 1,9% y 2,9%, además de una disminución medible en el puntaje z de índice de masa corporal ajustado por edad en niños. La investigación, liderada por académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile, también concluyó que la ley no tuvo impacto negativo sobre la sostenibilidad financiera de las empresas alimentarias, sino únicamente sobre la composición del gasto de los hogares, un hallazgo que contradice el argumento de daño empresarial generalizado que suelen esgrimir los sectores opositores a este tipo de medidas.
El respaldo de organismos multilaterales
Organismos internacionales respaldan de forma consistente este enfoque regulatorio. La Organización Panamericana de la Salud sostiene que los impuestos saludables funcionan como herramienta concreta para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al reducir la carga de enfermedades no transmisibles, beneficiar a poblaciones vulnerables que concentran mayor carga de morbilidad, e impulsar el desarrollo económico mediante una fuerza laboral más sana. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomienda que el azúcar no supere el 10% del total de las necesidades energéticas diarias, umbral que buena parte de los productos gravados por el impuesto colombiano excede de forma sistemática.
El verdadero desafío
Para los defensores de la política, el reto no es demostrar que comer saludable resulta más caro, sino garantizar que el diseño tributario, combinado con etiquetado claro y educación nutricional, logre desplazar de forma sostenida el consumo hacia alimentos de menor riesgo, sin que ese objetivo se confunda con una simple discusión sobre el costo de la canasta básica familiar.
