El debate sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur volvió a intensificarse a partir de una preocupación recurrente del sector agropecuario europeo: la supuesta entrada de alimentos con estándares sanitarios más laxos.
Carne, granos, frutas y derivados provenientes de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia son señalados como productos que competirían con ventaja al no estar sujetos a las mismas exigencias regulatorias que rigen dentro del bloque comunitario. La pregunta clave para la industria y los consumidores es si esa diferencia normativa implica un riesgo real para la seguridad alimentaria.
Lo primero que suele omitirse es que el comercio agroalimentario con países del Mercosur no es nuevo. Desde hace décadas, la Unión Europea importa grandes volúmenes de soja, café, carne bovina, maíz, arroz, cítricos y productos pesqueros de esa región. El tratado de libre comercio no introduce nuevos flujos de alimentos, sino que reduce o elimina aranceles, con un impacto directo en los precios y la competitividad. En términos regulatorios, los controles sanitarios siguen siendo los mismos.
La Unión Europea mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de seguridad alimentaria. Define listas de sustancias prohibidas, límites de uso de antibióticos veterinarios, exigencias de bienestar animal y normas ambientales. Sin embargo, también establece límites máximos de residuos que se aplican a todos los alimentos comercializados en su mercado, independientemente de su origen. Estos límites, fijados tras evaluaciones toxicológicas y de exposición dietaria, determinan la cantidad máxima legal de residuos de plaguicidas o medicamentos que puede contener un alimento sin representar un riesgo para la salud.
Este punto es central para entender la controversia. Algunos fitosanitarios prohibidos para el uso agrícola dentro de la UE pueden aparecer en niveles residuales en productos importados, siempre que se mantengan por debajo de los umbrales considerados seguros. Desde la perspectiva del productor europeo, esto genera una asimetría competitiva. Desde la óptica sanitaria, implica un sistema de control basado en el riesgo y no en el origen.
Los datos oficiales respaldan esa lógica. Las autoridades sanitarias europeas y nacionales coinciden en que los alimentos importados que llegan a los supermercados cumplen con los mismos estándares de seguridad que los producidos localmente. Los programas de control muestran tasas de conformidad superiores al 99% en el caso de residuos de plaguicidas, una cifra consistente con los principales mercados desarrollados.
En el caso de los productos de origen animal, el proceso de autorización para exportar a la Unión Europea es especialmente exigente. Cada país tercero debe contar con un plan nacional de control de residuos, someterse a auditorías y obtener habilitaciones específicas por producto, establecimiento de faena y sala de procesamiento. La carne bovina proveniente de Brasil, uno de los focos de mayor debate, solo puede ingresar desde plantas habilitadas y bajo la condición de no utilizar hormonas de crecimiento, práctica prohibida en el mercado comunitario.
Una vez que la mercancía llega a Europa, entra en acción la red de puestos de control fronterizo. Cada envío es notificado previamente y sometido a controles documentales obligatorios. Según el perfil de riesgo, se realizan verificaciones de identidad y controles físicos, que incluyen muestreos y análisis de laboratorio para detectar residuos químicos, contaminantes microbiológicos y otros peligros. Los productos de origen animal están sujetos a control físico sistemático, mientras que en los vegetales el porcentaje varía según el historial y el tipo de mercancía.
Las cifras más recientes muestran que los rechazos son marginales. En productos de origen animal, los controles no satisfactorios representan alrededor del 1% del total, mientras que en los vegetales se sitúan en torno al 0,5%, principalmente por fallas documentales o de higiene, más que por riesgos toxicológicos. Cuando se detecta una irregularidad relevante, el sistema de alertas se activa de inmediato y refuerza los controles en todos los puntos de entrada.
Para la industria alimentaria europea, el acuerdo con Mercosur no elimina los controles ni rebaja los estándares. El desafío real está en cómo equilibrar competitividad, exigencias regulatorias y sostenibilidad en un mercado global cada vez más integrado, donde la seguridad alimentaria sigue siendo una línea roja innegociable.
