Argentina produce alimentos para abastecer a una población varias veces mayor que la propia, pero una paradoja tributaria socava uno de los mecanismos más eficientes para reducir el hambre: para muchas empresas resulta económicamente más conveniente descartar productos en perfectas condiciones que donarlos.
El sistema impositivo vigente trata la entrega gratuita de mercadería de manera similar a una venta, lo que genera obligaciones fiscales que desincentivan la solidaridad corporativa y frenan el flujo de alimentos hacia quienes más los necesitan.
El problema tiene escala. En Argentina se descarta aproximadamente el 12,5% de la producción alimentaria nacional, lo que equivale a unos 362 kilos por habitante al año. Si esos volúmenes se redistribuyeran de manera eficiente, podrían cubrir las necesidades básicas de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las cargas impositivas asociadas a la donación de bienes —en particular la obligación de liquidar el valor comercial de los productos entregados— convierten el acto solidario en una operación onerosa para el donante.
En ese marco adverso, la red Bancos de Alimentos Argentina cerró 2025 con resultados que reflejan tanto la dimensión del problema como la capacidad organizativa del sector: más de 63 millones de platos de comida generados, más de 21 millones de kilos de alimentos recuperados y distribuidos a través de casi 4.900 organizaciones sociales. La red opera en 19 provincias mediante 20 bancos asociados y llega a un millón de personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales el 63% son niños y adolescentes.
Estas cifras son significativas, pero el potencial de recuperación es mucho mayor si se modifican las reglas del juego. En otros países la ecuación ya fue resuelta. Colombia, por ejemplo, aprobó legislación que permite a las empresas descontar hasta un 37% del valor donado en alimentos directamente del impuesto a las ganancias, una reforma que dinamizó notablemente las donaciones al sistema de bancos de alimentos. La clave conceptual es la misma que impulsan las organizaciones argentinas: equiparar fiscalmente el descarte con la donación, o mejor aún, hacer que donar resulte más conveniente que tirar.
La brecha entre lo que se desperdicia y lo que se rescata no es solo un problema humanitario; también tiene un costo ambiental concreto. La producción de alimentos que nunca se consumen genera emisiones de gases de efecto invernadero, consume agua y tierra de manera improductiva, y sobrecarga los sistemas de gestión de residuos. Cada kilo rescatado representa una doble ganancia: nutricional y ambiental.
El sector privado tiene un rol central en esta ecuación, pero necesita señales correctas. Hoy, una empresa que descarta mercadería vencida o próxima a vencer evita costos administrativos, logísticos y fiscales que sí aparecen cuando decide donar. Esa asimetría es el nudo del problema. Las organizaciones de rescate alimentario no piden subsidios ni exenciones extraordinarias: piden neutralidad fiscal, que donar no cueste más que tirar.
La red Bancos de Alimentos impulsa iniciativas para modificar esta situación y ha logrado instalar el debate en distintos niveles del Estado. El desafío es traducir ese consenso en legislación concreta. Con más de un millón de beneficiarios directos y un sistema de distribución consolidado en todo el país, la infraestructura solidaria ya existe. Lo que falta es que el marco tributario deje de castigar a quienes quieren usarla.
