La biotecnología avanza a pasos acelerados y con ella se intensifica el debate legal y ético en torno a los alimentos genéticamente modificados (OGM), una realidad presente desde hace más de dos décadas en el mercado brasileño. En el contexto de la industria de alimentos y bebidas, esta evolución tecnológica representa tanto una oportunidad como un desafío para empresas, reguladores y consumidores.
Expertos en bioderecho como Oscar Silvestre Filho, Ariadne Hamanovik y Kavita Quio coinciden en que el marco legal brasileño necesita una actualización urgente que acompañe el ritmo de la innovación científica. Para ellos, el equilibrio entre desarrollo tecnológico, derechos humanos y sostenibilidad debe ser la base de una legislación moderna que fortalezca la seguridad alimentaria sin poner en riesgo la salud pública ni el medio ambiente.
En Brasil, los OGM están presentes en una gran variedad de productos industrializados, desde aceites vegetales hasta snacks, bebidas procesadas y alimentos infantiles. Sin embargo, la legislación actual aún presenta lagunas que generan incertidumbre en toda la cadena productiva. El etiquetado de productos transgénicos, por ejemplo, es una obligación legal, pero su aplicación es desigual y, en muchos casos, ineficaz. Esto afecta directamente a la industria, que se ve expuesta a cuestionamientos éticos y riesgos reputacionales ante un consumidor cada vez más informado y exigente.
“El bioderecho busca justamente ese equilibrio: permitir el avance de la ciencia sin renunciar a la dignidad humana, la salud pública y la protección del medio ambiente”, afirma Oscar Silvestre Filho. El jurista señala que, aunque Brasil se adhiere a acuerdos internacionales como el Protocolo de Cartagena y la Convención sobre la Diversidad Biológica, aún falta transparencia en los procesos de aprobación, fiscalización y monitoreo de los productos transgénicos.
Para la industria, esta falta de claridad puede traducirse en costos adicionales, procesos judiciales o incluso en la pérdida de mercados internacionales donde las exigencias de trazabilidad y sostenibilidad son más estrictas. Por ello, los expertos proponen la creación de consejos multidisciplinarios que incluyan representantes del sector alimentario, científicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil para debatir el rumbo de la biotecnología en la alimentación.
Desde la perspectiva de consumo, Ariadne Hamanovik subraya la importancia de garantizar el derecho a la información. “El consumidor tiene derecho a saber lo que está comprando. La falta de etiquetado claro vulnera el principio de autonomía y afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas o personas con restricciones alimentarias”, destaca. Esta situación genera un dilema para las marcas: cómo mantener la transparencia sin afectar la percepción del consumidor sobre la seguridad del producto.
Kavita Quio, por su parte, llama la atención sobre las consecuencias sociales y económicas de la adopción masiva de semillas genéticamente modificadas en la agricultura brasileña, base de la industria alimentaria del país. Según la abogada, muchos pequeños productores terminan dependiendo de grandes corporaciones, ya que las semillas transgénicas suelen estar asociadas a contratos restrictivos y al uso de pesticidas específicos. Esto, advierte, puede poner en riesgo la soberanía alimentaria y aumentar la concentración del poder en manos de pocas empresas.
El desafío para la industria de alimentos y bebidas brasileña es claro: avanzar en innovación sin descuidar la ética, la seguridad y la equidad. Como concluye Silvestre Filho, “no estamos en contra de los OGM, sino del uso irresponsable de la ciencia. La ley debe ser un instrumento de regulación y protección de la vida, no un freno al progreso, pero sí un límite al abuso”.
En este contexto, las empresas del sector tienen un papel clave no solo en el cumplimiento de la normativa vigente, sino también en la promoción de buenas prácticas. La adopción voluntaria de estándares más altos de trazabilidad, transparencia y sostenibilidad puede convertirse en un diferencial competitivo frente a un mercado global cada vez más regulado y a consumidores que valoran la responsabilidad corporativa. Además, la inversión en investigación y desarrollo de alimentos funcionales o ingredientes modificados con fines nutricionales específicos, dentro de marcos éticos y legales claros, representa una oportunidad para innovar sin comprometer la confianza del público.
