El Gobierno español, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, está ultimando un Real Decreto que ampliará el control sobre las máquinas de vending en espacios públicos —como hospitales, residencias de mayores, museos, bibliotecas, centros deportivos y universidades— con el objetivo formal de promover opciones alimentarias más saludables.
La norma obligaría a que al menos el 80 % de los productos ofertados en estas máquinas sean considerados saludables, incluyendo agua, fruta fresca, yogures sin azúcares, frutos secos bajos en sal, panes y sándwiches integrales o zumos naturales. Al mismo tiempo, los alimentos ultraprocesados —definidos por su alto contenido en azúcares, grasas saturadas o sal y formulación industrial compleja— quedarían relegados a espacios de menor visibilidad o directamente limitados.
La iniciativa, que también limita la cantidad de azúcar dispensada por defecto en bebidas calientes a 5 gramos y promueve la instalación de fuentes de agua potable gratuita, responde a recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de entornos alimentarios más saludables en instituciones públicas y en centros de atención sanitaria y social. Diversos estudios científicos han asociado el consumo elevado de productos ultraprocesados con mayores riesgos de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, además de un desplazamiento de patrones dietéticos saludables como la dieta mediterránea.
Sin embargo, este proyecto de norma ha generado preocupación y rechazo entre operadores y distribuidores de máquinas expendedoras, que alertan sobre incongruencias legales y efectos negativos en su viabilidad económica. Uno de los principales puntos de fricción es la aparente incoherencia normativa que permitiría la venta de productos con altos contenidos de azúcares o grasas en cafeterías, quioscos, tiendas y servicios de entrega dentro de los mismos centros regulados, mientras que estos productos quedarían restringidos en las máquinas de vending: “Podrás comprar una chocolatina en la cafetería del hospital, pero no en la máquina”, critica un empresario del sector. Esta situación, según asociaciones empresariales, puede provocar competencia desleal, confusión normativa y una eficacia sanitaria limitada si los consumidores simplemente migran a otros canales para adquirir los mismos productos.
El impacto comercial podría ser significativo en un sector que, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, supera 390 000 máquinas de alimentación y bebidas operativas en España y generó más de 1 375 millones de euros en ingresos solo en 2024, con tasas de crecimiento sostenidas en bebidas calientes y alimentos sólidos. El informe también señala que la estructura del sector está muy fragmentada, con una gran cantidad de operadores de pequeño tamaño y solo una modesta concentración entre los mayores grupos.
Desde la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) se insiste en que el borrador del Real Decreto no incorpora propuestas alternativas que el sector ha planteado durante la fase de consulta. Estas incluyen solicitudes de ayudas económicas, reducción de cánones y mayor libertad para fijar precios, con el argumento de que las inversiones técnicas necesarias para adaptar las máquinas a los criterios nutricionales —como dosis de azúcar medible o condiciones de conservación de productos frescos— podrían ser prohibitivas para muchas pymes. También subrayan que no se ha presentado un estudio de impacto sectorial riguroso que fundamente las decisiones regulatorias, lo que según ANEDA podría aumentar el riesgo de destrucción de empleo y de pérdida de ingresos en centros como hospitales, afectando indirectamente incluso a la atención sanitaria.
Pese a las tensiones, las partes sostienen que hay disposición al diálogo: en una reunión reciente con representantes ministeriales, el clima fue descrito como “cordial y abierto”, aunque persisten desacuerdos sobre la proporcionalidad y operatividad de los requisitos previstos. Con la normativa aún en tramitación, el debate entre salud pública y sostenibilidad económica del vending promete intensificarse en las próximas semanas.
