Han pasado casi diez años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este ambicioso plan establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas orientadas a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todos.
No obstante, a menos de un lustro del plazo fijado, los avances son desiguales y, en muchos casos, insuficientes. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, solo se cumpliría el 23% de las metas establecidas para 2030, según un informe reciente de la CEPAL.
Este panorama plantea grandes desafíos, pero también enormes oportunidades, especialmente para sectores estratégicos como la industria alimentaria. En una región como la nuestra, donde la producción, transformación y distribución de alimentos representa un motor económico fundamental, es imprescindible que el sector asuma un rol más activo y consciente en la respuesta a la crisis climática.
La industria alimentaria es, simultáneamente, una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático y una de las que más puede incidir en su mitigación. Sequías prolongadas, inundaciones, pérdida de biodiversidad y deterioro del suelo afectan directamente la seguridad alimentaria, los modelos de negocio y la estabilidad social. Frente a este escenario, no basta con actuar de forma aislada: se requiere un esfuerzo conjunto entre gobiernos, empresas, academia, sociedad civil y ciudadanía para generar soluciones sostenibles e inclusivas.
La colaboración es, en efecto, un pilar clave en este proceso. El Objetivo 17 de los ODS —“Alianzas para lograr los objetivos”— plantea con claridad que solo a través del trabajo colaborativo será posible avanzar hacia una economía baja en carbono, resiliente y justa. En este contexto, el sector privado y, en particular, las empresas del rubro alimentario tienen una oportunidad invaluable para generar impacto positivo, transformando sus operaciones y cadenas de suministro bajo modelos más circulares, responsables y sostenibles.
La buena noticia es que la ciudadanía está atenta y comprometida. Según la encuesta “Las Personas y el Cambio Climático” realizada por Ipsos en 2025, el 72% de los chilenos considera que no actuar frente a esta crisis es fallar a las futuras generaciones, y un 68% cree que las empresas que no contribuyen están traicionando a sus empleados y consumidores. Esta percepción social pone sobre la mesa una responsabilidad empresarial concreta, pero también una oportunidad estratégica: aquellas compañías que innoven con propósito y alineadas con los ODS estarán mejor posicionadas para liderar el cambio.
En este marco, iniciativas como la campaña “Hasta la última miga”, desarrollada junto a WWF Chile, ejemplifican cómo las alianzas pueden materializarse en acciones de alto impacto. Esta colaboración buscó concientizar sobre el desperdicio de alimentos —una de las prácticas más nocivas en términos ambientales y éticos— y promover una cultura de aprovechamiento responsable en toda la cadena alimentaria. Se trata de una problemática especialmente crítica en América Latina, donde millones de toneladas de alimentos se pierden cada año mientras persiste la inseguridad alimentaria.
Avanzar hacia una industria alimentaria más resiliente, justa y sostenible en Chile y la región exige pasar del discurso a la acción. Incorporar prácticas regenerativas, optimizar el uso de recursos, reducir la huella de carbono, y comprometerse con el bienestar de las comunidades locales ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Y, sobre todo, requiere sumar voluntades.
En definitiva, el camino hacia un sistema alimentario sostenible está en nuestras manos. A pesar de los obstáculos políticos y económicos, cada innovación, cada colaboración, y cada decisión empresarial consciente es un paso hacia un mejor futuro. La transformación será posible si actuamos en conjunto —y la industria alimentaria, por su alcance y potencial, puede y debe ser protagonista de ese cambio.
