El debate sobre la alimentación y la salud pública en México ha vuelto a cobrar relevancia en el marco de la reciente propuesta de incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas.
Aunque esta medida fiscal busca desincentivar el consumo de refrescos y productos altos en azúcar, expertos en nutrición y políticas públicas coinciden en que por sí sola no generará cambios sostenibles en los hábitos alimenticios de la población. Para lograr un impacto real, señalan, es indispensable acompañar los gravámenes con campañas educativas robustas y alternativas saludables accesibles.
El crecimiento de la inversión en programas de salud y nutrición es clave para enfrentar problemas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, que afectan a un porcentaje creciente de la población mexicana. Según datos recientes de la Secretaría de Salud, casi el 75 % de los adultos presenta sobrepeso u obesidad, y el consumo regular de bebidas azucaradas es uno de los factores más relevantes. Sin embargo, estudios científicos muestran que solo aplicar impuestos provoca una reducción limitada y temporal del consumo; los hábitos alimenticios dependen de factores culturales, económicos y educativos que requieren intervención integral.
Desde la perspectiva de la industria de alimentos y bebidas, el aumento de impuestos genera impactos significativos. Las empresas se enfrentan a un incremento en el costo de sus productos para el consumidor final, lo que puede traducirse en una disminución de la demanda, especialmente en segmentos sensibles al precio. Además, la presión fiscal obliga a los fabricantes a adaptar su portafolio, explorando fórmulas bajas en azúcar o edulcoradas, lo que implica inversión en innovación tecnológica, reformulación de productos y procesos de etiquetado claros. Aunque estas estrategias pueden abrir oportunidades de mercado, también representan desafíos financieros y logísticos, especialmente para pymes y productores regionales que carecen de los recursos de multinacionales.
Los expertos advierten que la política fiscal debe complementarse con educación nutricional y promoción de hábitos saludables. Esto incluye informar a los consumidores sobre los riesgos del exceso de azúcar y de los productos light o bajos en calorías, ya que los edulcorantes artificiales pueden no ser adecuados para todos los grupos de edad ni para personas con ciertas condiciones de salud. Asimismo, mejorar el acceso a agua potable y opciones naturales, como aguas de fruta y bebidas funcionales sin aditivos, se considera una estrategia clave para desplazar gradualmente el consumo de refrescos.
Para la industria, estas medidas representan tanto riesgos como oportunidades. Por un lado, podrían disminuir temporalmente las ventas de bebidas azucaradas tradicionales; por otro, abren la puerta a la innovación y diversificación del portafolio, incorporando productos con valor agregado nutricional, bajo contenido calórico o ingredientes funcionales. La capacidad de adaptación será determinante para mantener la competitividad y responder a un consumidor cada vez más informado y consciente de la salud.
En conclusión, el éxito de las políticas de nutrición en México no reside únicamente en el aumento de impuestos, sino en un enfoque integral que combine regulación, educación y alternativas saludables accesibles. Para la industria de alimentos y bebidas, esto significa invertir en innovación, comunicación efectiva y responsabilidad social, elementos clave para transformar los hábitos de consumo sin comprometer la rentabilidad y la competitividad en un mercado que evoluciona hacia la salud y la sostenibilidad.
