El sistema público de control de calidad alimentaria en Argentina acaba de perder uno de sus pilares más consolidados. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aprobó la resolución que dispone la cesación de la prestación de los servicios sistematizados incluidos en el Anexo I del organismo, una batería de ensayos y prestaciones técnicas que funcionaban como soporte para empresas, organismos de control y consumidores.
El Destape La decisión abarca más de 900 servicios tecnológicos y pone en entredicho décadas de construcción institucional en un área que impacta directamente en lo que los argentinos ponen en la mesa.
Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes, estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína y detección de contaminantes como micotoxinas, además de evaluaciones sobre textura, color y propiedades funcionales de alimentos, y análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados. El Destape Se trata de herramientas que, en muchos contextos, constituían la única verificación independiente disponible antes de que un producto llegara al consumidor.
La inocuidad alimentaria no es un tema menor. A escala global, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 600 millones de personas enferman cada año por consumir alimentos contaminados, con un costo económico que supera los 110,000 millones de dólares en pérdida de productividad solo en países de ingresos medios y bajos. En Argentina, la capacidad técnica del INTI para detectar micotoxinas, residuos de plaguicidas o contaminantes en granos, harinas y lácteos era parte esencial del entramado que prevenía que ese tipo de riesgos llegara al mercado interno y comprometiera las exportaciones agroalimentarias, un sector que representa más del 60% de las divisas del país.
Desde su creación en 1957, el organismo presta servicios de innovación, calidad y medición a empresas de todo el país, con laboratorios distribuidos en 23 sedes y presencia en las seis regiones geográficas del territorio nacional. Chequeado Para el sector PyME, que no cuenta con laboratorios propios, el acceso a esos ensayos a costos accesibles era, en muchos casos, la diferencia entre poder exportar o quedar fuera de los mercados internacionales con estándares más exigentes.
La implementación del cese de servicios responde a un cronograma regional: el Área Metropolitana de Buenos Aires dejó de recibir estas prestaciones desde el 31 de enero de 2026, mientras que Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe completarán la transición el 30 de junio de 2026.
Trabajadores del INTI denuncian que laboratorios privados y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) comenzaron a contactar a técnicos del Instituto para que realicen por fuera del Estado las mismas tareas que hasta hace poco ejecutaban dentro del organismo. El Destape El señalamiento no es menor: implica que el conocimiento acumulado durante décadas con financiamiento público podría terminar capitalizándose en el sector privado, con acceso más restringido y costos más elevados para las empresas medianas y pequeñas.
Especialistas del sector advierten que la centralización del organismo y su transformación en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio implica perder capacidad para dar respuestas ágiles a la industria y para suscribir convenios de transferencia de conocimiento con otros países. Chequeado Para las pymes alimentarias, ese aislamiento técnico puede traducirse en mayores costos de certificación, menor competitividad exportadora y, en el peor escenario, brechas en el control de calidad que el mercado privado no tiene incentivo real para cubrir sin una contraparte estatal que establezca el estándar.
