La industria de bebidas saborizadas en México enfrenta un escrutinio sin precedentes. Un análisis del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, dependiente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), evaluó decenas de marcas comercializadas en supermercados y tiendas de conveniencia con un objetivo claro: determinar si lo que dice la etiqueta corresponde a lo que hay dentro de la botella. Los resultados revelan un mercado con fallas sistemáticas en transparencia, composición y cumplimiento normativo.
El estudio abarcó refrescos tradicionales, bebidas saborizadas y versiones con edulcorantes. Las pruebas midieron contenido neto, presencia de conservadores, cantidad de azúcar, aporte calórico y apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de etiquetado nutrimental. Los hallazgos encendieron alertas en toda la cadena: algunas marcas no declaraban correctamente sus ingredientes, incluidos conservadores o edulcorantes artificiales; otras reportaban un contenido neto superior al real; y varias omitían información nutrimental obligatoria establecida en la NOM-051, vigente desde 2020.
El capítulo del azúcar es el más revelador. Algunas bebidas en presentación de 600 ml contienen hasta 65 gramos de azúcar, más del doble del límite diario de 25 gramos que la Organización Mundial de la Salud recomienda para un adulto sano. En el segmento de 200 ml, ciertas marcas alcanzaban los 28 gramos por porción. El contraste con las versiones "cero" o "light" —que recurren a aspartame, sucralosa, sacarina y acesulfame K para reducir calorías— ilustra la bifurcación del mercado entre consumidores que priorizan precio y sabor frente a quienes ya leen las etiquetas.
Jarritos emergió como uno de los nombres más comentados del análisis, no por un único hallazgo sino por su presencia transversal en varias categorías evaluadas, especialmente en sabores frutales como mandarina, toronja y manzana. En el segmento toronja, Profeco comparó a Jarritos con Squirt y Fresca, detectando diferencias relevantes en azúcar y calorías por porción. Algunas variedades presentaron conservadores no declarados, mientras otras cumplieron con los parámetros vigentes. La marca, que ha logrado conquistar mercados en Estados Unidos y Corea del Sur como emblema de la gastronomía mexicana, y que recientemente protagonizó una colaboración con Nike SB, se encontró en el ojo del debate justo cuando su proyección internacional alcanzaba su punto más alto.
El trasfondo es una crisis de salud pública que el sector no puede ignorar. México encabeza el consumo per cápita de refresco a nivel mundial, con un promedio de 164 litros por persona al año, cifra que supera por amplio margen los 118 litros de Estados Unidos. Ese dato no es solo estadística: está vinculado directamente con las tasas de obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión que afectan a más del 70% de la población adulta del país. La dependencia de bebidas azucaradas como parte de la dieta cotidiana —en parte por hábito, precio y arraigo cultural— sostiene un mercado que mueve miles de millones de pesos anuales, pero que acumula un costo sanitario que ya supera con creces sus beneficios económicos inmediatos.
La respuesta regulatoria avanza, aunque de forma gradual. El nuevo etiquetado frontal con sellos de advertencia, implementado en 2020, obligó a reformular o reetiquear decenas de productos. Las autoridades federales también han mantenido impuestos especiales a bebidas azucaradas como instrumento de desestímulo al consumo. Sin embargo, el estudio de Profeco deja en claro que la normativa, aunque más robusta que hace una década, todavía enfrenta resistencias en su aplicación efectiva.
Para la industria, el mensaje es inequívoco: el consumidor mexicano está cambiando. El interés por revisar ingredientes, calorías y etiquetado antes de elegir una bebida ya no es una tendencia marginal. Las marcas que no adapten sus formulaciones y su transparencia informativa a esta nueva realidad no solo arriesgan sanciones regulatorias —arriesgan relevancia en un mercado cada vez más exigente.
