La crisis del sector agropecuario en Panamá ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad de la producción nacional y su impacto directo en la seguridad y soberanía alimentaria del país.
El sector lechero, que históricamente ha sido un pilar en la dieta panameña y una fuente de empleo para miles de familias, atraviesa una situación crítica marcada por bajos precios, importaciones masivas y falta de apoyo institucional. Productor y vocero de la Asociación de Ganaderos Unidos, explica que el problema va más allá de la leche: “El campo está prácticamente en cuidados intensivos. No se trata solo de lo que producimos hoy, sino de si podremos seguir alimentando a nuestra gente en los próximos años”.
Una caída que preocupa
En 1995 existían alrededor de 6,500 productores de leche grado C en Panamá. Hoy, apenas quedan 1,700 en actividad. Mientras el consumo anual alcanza los 400 millones de litros, la producción nacional cubre solo 150 millones; los 250 millones restantes provienen de importaciones, en gran parte de leche en polvo y sucedáneos lácteos que compiten en los estantes como si fueran leche pura.
La situación refleja un desequilibrio estructural: altos costos de producción frente a una avalancha de productos importados subsidiados en sus países de origen. Mientras Estados Unidos destina más de 10 mil millones de dólares en apoyos y subsidios a sus productores agropecuarios, en Panamá los ganaderos se enfrentan a mercados desleales sin una protección real.
El peso de los tratados y la falta de institucionalidad
Los tratados de libre comercio (TLC) firmados en las últimas décadas son otro factor de presión. Para 2026, la leche, el pollo, el cerdo, el arroz y el maíz entrarán sin aranceles desde Estados Unidos, dejando al agro panameño en clara desventaja. Según, “el problema no es el TLC en sí, sino cómo y quiénes lo negociaron. En la mesa estaban los intereses comerciales, no los productores. Se nos utilizó como moneda de cambio”.
A esto se suma la fragilidad institucional. El cierre de empresas estatales que brindaban apoyo técnico, como la Empresa Nacional de Maquinaria o Coagro, debilitó al sector. Actualmente, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) enfrenta cuestionamientos y ajustes que generan incertidumbre. Para los pequeños y medianos productores, este financiamiento es vital para sostener sus fincas y sus patrimonios.
El costo de producir y la especulación en el mercado
En Panamá, producir un litro de leche grado C cuesta alrededor de 48 centavos, mientras la grado A supera los 65 centavos. Sin embargo, los productores reciben precios bajos por parte de la industria, que luego revende al consumidor con márgenes de hasta 200% de utilidad.
Esta especulación no solo afecta a los productores, sino también al consumidor, que paga precios elevados en medio de un costo de vida creciente. Martínez insiste en que se trata de corregir distorsiones del mercado: “No hablamos de controles de precios, sino de medidas similares a las que existen en Estados Unidos o Europa, donde hay límites a las utilidades y reglas claras para proteger al productor y al consumidor”. Propuestas para salir de la crisis
- Lejos de quedarse en la denuncia, los productores plantean soluciones concretas:
- Contratos a largo plazo: establecer acuerdos previos con la agroindustria sobre precios y volúmenes de compra para garantizar seguridad en el mercado.
- Políticas de soberanía alimentaria: fomentar el consumo de producción nacional como primera opción, e importar solo cuando exista déficit.
- Financiamiento justo y accesible: mantener al BDA como banca de desarrollo orientada al micro, pequeño y mediano productor, con reglas claras y transparentes.
- Inversión en innovación y asistencia técnica: reactivar programas de semillas, mecanización y apoyo tecnológico a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
- Regulación de sucedáneos: diferenciar claramente en los supermercados los productos lácteos de aquellos que solo contienen sustitutos vegetales, evitando confusión en el consumidor.
Una oportunidad para redefinir el rumbo
El sector agropecuario genera entre 150 mil y 200 mil empleos en Panamá y representa un eslabón esencial para la estabilidad económica y social. Sin embargo, su futuro depende de la voluntad política de garantizar condiciones justas y de rescatar la producción local frente a la competencia externa.
“Queremos producir, queremos alimentar a Panamá, pero necesitamos respaldo real. Si no corregimos el rumbo, no solo perderemos productores, también comprometeremos nuestra soberanía alimentaria”, concluyen.
El desafío está claro, Panamá debe decidir si seguirá dependiendo de las importaciones o si fortalecerá a quienes, desde el campo, sostienen la mesa de cada hogar.
