El Senado de la provincia de Santa Fe tiene sobre la mesa un proyecto de ley que prohíbe la venta, expendio, suministro y entrega gratuita de bebidas energizantes a menores de edad en todo el territorio provincial.
La iniciativa, presentada por el senador Ciro Seisas, va más allá de una restricción comercial puntual: propone rediseñar el entorno en que niños y adolescentes interactúan con estos productos, desde el kiosco de barrio hasta las plataformas digitales de delivery.
El fundamento del proyecto descansa en cifras que la Sociedad Argentina de Pediatría viene documentando con creciente preocupación. La edad promedio de inicio en el consumo de energizantes es de 13 años, el consumo en menores de 14 creció 120% en la última década y casi tres de cada cuatro adolescentes que los ingieren lo hacen combinados con alcohol. Esta combinación no es trivial: la mezcla produce un efecto enmascarador que retrasa la percepción de embriaguez, eleva el riesgo de intoxicación aguda y somete al sistema cardiovascular a una presión simultánea de estimulante y depresor.
La carga farmacológica de una lata estándar ayuda a dimensionar el problema. Según los fundamentos del proyecto, una unidad puede contener entre 80 y 160 miligramos de cafeína, un rango equivalente a varias tazas de café. Pero la fórmula habitual incluye también taurina, glucuronolactona, inositol y cantidades de azúcar que oscilan entre 30 y 70 gramos por porción, en un cóctel que altera el ritmo cardíaco, la presión arterial, el ciclo de sueño y los marcadores de ansiedad en organismos todavía en desarrollo. Argentina consume alrededor de 125 millones de latas de energizantes por año, un volumen que posiciona al mercado local entre los más dinámicos de la región y que contrasta con la ausencia de regulación etaria específica, a diferencia de lo que rige para las bebidas alcohólicas.
El proyecto se articula en tres ejes. El primero establece la prohibición absoluta de venta a menores en cualquier canal: kioscos, supermercados, locales bailables, eventos deportivos masivos, máquinas expendedoras y servicios de delivery. El segundo eje crea la figura de "escuela libre de energizantes", extendiendo la restricción a buffets, cantinas y kioscos escolares incluso cuando las actividades se realizan fuera del establecimiento. El tercer eje apunta a la publicidad: quedaría vetado el uso de personajes animados, lenguaje juvenil, referencias a videojuegos o deportes extremos, y la difusión en plataformas donde la audiencia mayoritaria sea menor de edad.
El régimen sancionatorio prevé multas económicas y clausura temporaria de hasta 30 días, con penalidades que se duplican ante la reincidencia. Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a campañas de prevención y concientización, cerrando un circuito donde la infracción financia su propio antídoto.
"¿Le darías a tu hijo de 12 o 13 años cinco o seis tazas de café antes de ir a la escuela? La respuesta es un no rotundo. Pero hoy en Santa Fe cualquier chico puede entrar a un kiosco y comprar una lata de energizante sin que nadie le diga nada", sintetizó Seisas al presentar la propuesta.
La iniciativa santafesina se inscribe en una tendencia legislativa que gana terreno en Argentina: la provincia de Buenos Aires tiene en estudio un proyecto de similares alcances que modifica la Ley 11.748, y en el Congreso nacional circula una propuesta que fijaría la prohibición en los 16 años. La ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación ya emitieron advertencias sobre estos productos para menores, embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares, pero sin fuerza normativa que traduzca esa advertencia en restricción de acceso. Santa Fe busca ser la provincia que cambie esa ecuación.
